¿DEBERÍAN LOS JUECES DECLARAR SUS BIENES?

A cualquiera de nosotros se nos llenaría la boca de frases épicas si tuviésemos que comentar o defender la necesidad de que la justicia (entendida como administración de justicia) sea independiente e imparcial.

Muchos dirán que esta no es una cuestión nueva, y que ya los textos constitucionales se encargan de proclamarlo (de hecho, la Constitución española ya lo hace al declarar en el art. 117 que La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley).

También se dirá (de hecho, lo declaran tajantemente el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) que existen mecanismos adecuados para preservar, precisamente, esas aúreas características de la función judicial (la independencia y la imparcialidad), como son los mecanismos de la abstención y la recusación (yo añadiría incluso la tipificación del delito de prevaricación judicial).

Tomando prestadas las palabras del TEDH, los institutos de la abstención y recusación tienen por objeto salvaguardar la apariencia de imparcialidad que debe caracterizar ala administración de justicia. Así, se ha declarado que Incluso las apariencias pueden tener importancia, pues pueden afectar a la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los ciudadanos en general, y en particular a quienes son parte en el proceso (STEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack; STEDH de 26 de octubre de 1984, caso De Cubre, y STEDH de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt).

No obstante, y visto lo que se ve por esos mundos de Dios, lo que planteo va más allá de lo que tenemos, de palabras bonitas y retórica académica. Lo que planteo es si sería conveniente reforzar esas apariencias mediante actuaciones preventivas y transparentes, como las que se siguen para los cargos políticos (pues ya sabemos que en muchos parlamentos -y el español no es excepción- los sres diputados deben presentar una lista o declaración de actividades y bienes).

Si esta medida de publicar (o al menos presentar) una lista de bienes se nos vende como un gran progreso en la lucha contra la corrupción y como bálsamo contra las sospechas, no entiendo por qué no podría trasplantarse la medida al ámbito judicial. Al fin al cabo, los jueces son tan servidores públicos (más, diría yo) como los políticos, y las funciones de aquéllos se extienden más allá en el tiempo que las de los políticos (el político hace la ley puntualmente, mientras que el juez la aplicará -o no- durante toda su vigencia).

Ya sé que hecha la ley, hecha la trampa, y que lo que es de uno puede aparecer a nombe de otro, y que hay cuentas bancarias en paraísos fiscales que no siempre se conocen. Pero por algún sitio se debe empezar. ¿O no?