Así como de las cosas malas relativas a la Justicia uno tiene que andarse con cuidadado dando
nombres (pues ya se sabe que la Justicia es muy fina y sensible, pero de reacciones virulentas), no hay que cortarse un pelo cuando se trata de cosas buenas.
nombres (pues ya se sabe que la Justicia es muy fina y sensible, pero de reacciones virulentas), no hay que cortarse un pelo cuando se trata de cosas buenas.Un buen amigo y abogado, Juan-Antonio Andino, acaba de publicar un (otro) libro: La aportación procesal de correspondencia entre letrados, publicado por Grupo Difusión.
El estudio (de unas 106 páginas), versa sobre el tratamiento jurídico que debería merecer (y que merece, según el autor) la aportación a un proceso civil de la correspondencia mantenida entre los abogados.
Desgraciadamente, la aportación de correspondencia entre abogados a un juicio (que está prohibida por las normas deontológicas de la abogacía) es una práctica bastante habitual (no sé si porque los abogados no tienen ni la más remota idea de lo que son las normas deontológicas, o si se debe a que se trata de abogados tan desesperados -por falta de pruebas, o de argumentos, o de conocimientos jurídicos, o de ganas de trabajar- que no tienen otra opción que acudir a tan reprobable práctica).
Y es que es muy fácil entrar en negociaciones con el abogado de la parte contraria, cruzarse borradres de posibles acuerdos, y, luego, romper las negociaciones, presentar una demanda y aportar esos borradores como pruebas acreditativas de verdades íntimas que tal vez nunca se reconocerían en un juicio.
Mal. Muy mal para esos pseudo-abogados. Eso es feo. Está prohibido por los Códigos Deontológicos y, además, de esa forma se van a cargar una actividad muy loable y propia de los abogados: alcanzar acuerdos que eviten los sufrimientos, gastos y riesgos para las partes de un juicio. Como se dice en lenguaje llano: si las negociaciones van a ser utilizadas como armas, que negocie otro, porque yo voy directamente a las armas, ya que el que pega primero, pega dos veces.
¿Cómo reaccionan los Colegios de Abogados? Pues sancionando (a veces, Juan-Antonio, no siempre) al abogado que hace esas cosas tan feas. Otra cosa es la sanción concreta que los Colegios de Abogados imponen. La sanción (como las penas) son siempre muy ilustrativas pues, además del efecto intimidatorio, nos demuestran cómo se valora una conducta. Esto es, cuanto mayor sea la sanción, más importante o digno de protección debe ser el bien jurídico que se pretende proteger. Por eso, sería interesante que en un ulterior estudio ampliatorio (como el que anuncia Andino en su libro) se analizase el tema de las sanciones efectivamente impuestas por los Colegios. Y voy más allá: sería interesante analizar incluso cómo se controla (si es que se hace) la ejecución de las sanciones impuestas por los Colegios. Y ya no digo más. Espero que Andino haga el trabajo y se lleve la gloria (que se la merece).
En su libro, Andino va más allá (como buen abogado que es). El autor no se queda con las declaraciones deontológicas (que son muy bonitas y rimbombantes-sobre el papel-). El autor, sabedor de que la sanción colegial no produce, prima facie, efectos en el juicio, se plantea qué ocurre con esa correspondencia robada de su ámbito reservado y presentada en el juicio. Porque lo indudable es que, si nadie hace nada, el fax, la carta o el contrato se meterán en el juicio y el Juez los tendrá como pruebas; y como los Jueces no son muy dados a tener en cuenta las normativas deontológicas (de los abogados, entiéndase), pues los valorará y puede que se base en ellos para darnos o quitarnos la razón.
Como decía, Andino se mueve en este ámbito ya judicial. El de los efectos y tratamiento de esos documentos dentro del procedimiento (lo que constituye, según creo, una verdadera novedad doctrinal). Y va el gran Andino y (otra vez como demostración de que además de gran estudioso es un buen abogado) se moja. Se moja dando abiertamente su opinión (siempre fundada en técnicas legales intachables). Y dice que esos documentos son prueba ilícita, o ilegal, o, cuando menos, un acto procesal de mala fe, analizando las consecuencias de todo ello (que, desde luego, comparto en su integridad). Y no sólo eso, sino que nos da pautas (intachables) acerca de cómo y cuándo alegarlo en el proceso.
Del estilo, sólo puedo decir que es directo, conciso y técnico. No hay paja ni circunloquios, ni antecedentes históricos ni divagaciones filosóficas.
En definitiva, Andino ha hecho un buen libro. Un libro práctico, útil, fácilmente leíble y, lo que es más importante: un libro que debería ser de lectura obligatoria para los abogados. Sólo así conseguiremos contribuir a la mayor dignificación de nuestra profesión.
Querido Juan-Antonio: aunque hayamos estado alguna vez en barcos contrarios, es de justicia reconocer tu gran aportación a nuestra profesión.
