LA PREGUNTA DEL MILLÓN

Érase una vez uno de esos juzgados que están especializados en asuntos de incapacitación y a los que, por razones obvias (o no tanto) se les suponen especiales conocimientos sobre la materia así como una también especial sensibilidad con los referidos temas (siempre delicados, muy personales y generalmente dolorosos emocionalmente).

Es práctica habitual en estos juzgados citar a los parientes próximos del presunto incapaz para conocer datos acerca de la causa de la posible incapacidad (enfermedad que se padece, atenciones que se necesitan, medios con los que se cuenta para hacerles frente, etc), y ello además del preceptivo examen personal del presunto incapaz que hace el propio juez junto con el médico forense (pues, digan lo que digan los parientes y allegados, al final lo que cuenta es el diagnóstico médico).

Bien. Pues sucede en el caso que ahora se comenta que el juzgado en cuestión quiso conocer la opinión de uno de esos parientes que vive a cientos de kilómetros del domicilio de la presunta incapaz, y el juzgado mandó un exhorto al juzgado del domicilio del pariente para que se le hiciesen unas preguntas que elaboró el propio juzgado que tramita la incapacitación.

De entre las varias (y curiosas, para qué os voy a engañar) preguntas preparadas, una de ellas es la pregunta del millón, y que fue la siguiente: "Diga qué efectos civiles tiene la incapacitación para la demandada". El pariente interrogado (que al no ser abogado ni nada que se le pareciese no sabía lo que son los efectos civiles, ni la incapacitación ni la demandada -o sea, sólo entendió el "Diga"-), en lugar de contestar "pasopalabra" (que sería, en mi opinión, lo procedente), contestó con el alma: "No sé". Al pobre infeliz (por aquello de que quien dice las verdades acaba perdiendo las amistades), supongo que el/la juez/a le cateó, o pasó el tanto de culpa al Misterio (perdón, Ministerio) Fiscal para que se procediese contra él por desacato, falta de colaboración con la justicia o dar respuestas evasivas.

Juraría que a los testigos, o a las partes, sólo se les pueden hacer preguntas acerca de "hechos". O al menos eso es lo que he oído decir a muchos jueces cuando algún abogado (listillo él) hace preguntas jurídicas a las partes. Pero no me hagáis mucho caso. Últimamente, la memoria me falla un poco y ya no recuerdo lo que estudié.

Otra curiosidad del caso ha sido la intervención estelar del Misterio (perdón, Ministerio) Fiscal. Tras indagar el juez que la presunta incapaz carece de ingresos económicos, aunque dispone de un piso en propiedad, y que está ingresada en una residencia de pago (que paga uno de los parientes), el Fiscal (Sherlock Holmes donde los haya y desconfiado como el que más -que para eso es Fiscal-) pregunta a otro de los parientes: "¿No es más cierto que Vdes quieren incapacitar a la Sra. X para vender su piso?". Espero que me perdonéis si es que que estoy espeso mentalmente, pero me pregunto lo siguiente: 1º.- ¿a qué trae cuento la pregunta si de lo que se trata es de averiguar si la persona en cuestión es o no incapaz?; 2º.- Si la persona en cuestión debe ser incapacitada, ¿no es, acaso, la incapacitación un mecanismo ideado, precisamente, para proteger personal y patrimonialmente al incapaz y evitar, por ejemplo, que algún desaprensivo, aprovechándose de la pobre incapaz, la deje sin piso?; 3º.- ¿No sería, acaso, normal que ante la falta de ingresos de la incapaz para poder sufragarse la residencia se tenga que vender el piso?; 4º.- Y si se tuviese que vender el piso, ¿no es, acaso, el tutor que nombre el juez -no necesariamente los parientes- quien debe proponer la venta?; 5º.- y si lo propone el tutor, ¿no dice la ley que para vender el piso de la incapaz el tutor necesita la previa autorización judicial -con audiencia del Misterio Fiscal-?.

Pues nada. Que cuando uno ve lo que ve en esta vida, le viene a la cabeza la imagen que aquí os dejo para meditar.