JUSTICIA: CUESTIÓN DE PESO

"Viajar enseña mucho", me decía mi padre. Pues sí, aunque, a veces, no es necesario viajar físicamente, sino que basta con un viaje intelectual, leyendo.

El Max Planck Institute publicó, en octubre de 2008, un estudio acerca de las diferencias entre la Evidencia -propia del sistema norteamericano- y la Intima Convicción -propia de los sistemas legales europeos- en el ámbito judicial (Engel, Christoph, Preponderance of the Evidence versus Intime Conviction: A Behavioural Perspective on a Conflict Between American and Continental European Law (October 2008). MPI Collective Goods Preprint, No. 2008/33. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1283503).

Según los estudiosos de la materia, en el ámbito judicial civil, prevalece en el sistema norteamericano una regla probabilística, en el sentido de que el Juez accederá a las pretensiones de una de las partes siempre que las mismas sean "con mayor probabilidad ciertas que no ciertas" (lo que se conoce como regla de la "preponderance of the evidence"). Por el contrario (aunque, personalmente, tengo mis dudas de que debamos decir "contrario"), en los sistemas legales continentales (europeos) no rige ese sistema probabilístico, sino que lo que suele denominarse "standard probatorio" se basa en la llamada "convicción personal" del juez.

De esta manera, y de ser ello cierto, podríamos llegar a la conclusión de que el sistema legal norteamericano tiende a la objetividad de la actividad judicial, mientras que el europeo tiende a la subjetividad. En otras palabras: en Estados Unidos, la cuestión probatoria es una cuestión de peso; en el europeo, de convencimiento.

Esta última frase se puede entender mejor si tenemos en cuenta cómo explican los propios tribunales americanos a los jurados qué significa la regla de la "preponderance of the evidence". Así, en Pensylvania se dan unas instrucciones que rezan así: "imagine que tiene una balanza; vaya colocando las pruebas favorables al demandante en una de los platos, y las desfavorables, en el otro; si al final la balanza se decanta más hacia el demandante -aunque sea poco-, tiene que resolver a favor del demandante". ¡Esto sí que es didáctica! Gana el que con más peso consigue decantar la balanza. Al fin y al cabo, la Justicia suele simbolizarse a través de una balanza.

Los sistemas europeos no se basarían en el peso, sino en el convencimiento. Da igual que la balanza esté totalmente del lado de una de las partes: si el Juez no está íntimamente convencido, ello no sirve de nada.

No he profundizado aún en el estudio de tan interesante cuestión, pero creo que este camino puede llevarnos a descubrimientos sorprendentes.

Por de pronto, me vienen a la cabeza ideas o cuestiones que podrían ser entendidas mejor aplicando las teorías expuestas, como por ejemplo:

- ¿evitaría el sistema americano las inseguridades que plantea la "variabilidad" de la jurisprudencia (sentencias contradictorias sobre mismas cuestiones)?;

- ¿evitaría el sistema americano el problema de las prevaricaciones y los cohechos? Si un juicio se resuelve a peso, carecería de sentido sobornar a un juez;

- ¿conseguiría el sistema americano reforzar los principios de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva?

- ¿puede objetivarse el "peso" de las pruebas?

En definitiva, se comprueba que existen dos mundos del Derecho. ¡Cuánto nos falta aún por aprender e investigar!

EL DERECHO COMO ACTIVIDAD MENTAL

El Derecho en su sentido más amplio y la Justicia se han intentado analizar y explicar a través de muy distintas disciplinas, tales como la historia, la religión, la lógica, la sociología o la psicología.

La pregunta que nos formulamos los humanos (algunos, todo sea dicho) es por qué el Derecho es como es.

Estas meditaciones son, sin duda, fruto del carácter racional del ser humano porque intenta reconfortar su sed de conocimiento. Pero tengo la impresión de que esa búsqueda de explicaciones tiene también por objeto aumentar su seguridad. Lo pienso porque, buscando explicación a todo aquello que nos rodea, los seres humanos intentamos predecir la interacción de los fenómenos en nuestra vida. Y ello es una muestra de nuestro instinto de autoprotección (nos sentiremos más seguros si conocemos los riesgos que nos acechan, para así poderles hacer frente o, al menos, buscar los mecanismos de protección adecuados).

Lo curioso de la cuestión es que el Derecho, la Justicia, no es algo con lo que nos hayamos encontrado en el planeta tierra (como la lluvia, los terremotos o las estaciones). El Derecho es algo que hemos creado los propios seres humanos. Luego, analizando los orígenes o razones del Derecho, en realidad, nos estamos analizando a nosotros mismos.

Acabo de leer el artículo publicado en la University of Illinois Law Review "Philosophical Foundations of Law and Neuroscience" (Pardo, Michael S. and Patterson, Dennis, Philosophical Foundations of Law and Neuroscience (February 6, 2009). University of Illinois Law Review, 2010; U of Alabama Public Law Research Paper No. 1338763. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1338763). Se explican en este artículo las aportaciones que al estudio del Derecho pueden (y están haciendo) nuevas ciencias y, más concretamente, la neurociencia.

Entre otras cosas de máximo interés, se explica que:

"Goodenough (Oliver R.Goodenough, Mapping Cortical Areas Associated with Legal Reasoning and Moral Intuition, 41 JURIMETRICS J. 420,2001) appeals to different brain locations to explain different types of decision-making. The central insight of the modular theory of mind is that mental processes occur in different parts of the brain. In fact, “a separation exists in the brain” such that different cortical areas of the brain perform different functions. If we embrace the thesis of the modularity of mind, what jurisprudential insights will we gain? Locating the functions for law and moral reasoning, Goodenough believes, will be the key to greater insight into law and our thinking in law. He cites a variety of authorities for the proposition that our thinking about justice occurs in one cortical area and rule-based application of law is located in another. Accordingly, Goodenough concludes that “[s]cience has developed tools that can be used to test the theory that justice-based thinking occurs separately from rulebased reasoning.” How do they work?
In thinking about justice we are aided by “a nonverbal algorithm that is programmed by some mixture of genetic blueprint, cultural heritage, and personal experience.” By contrast, word-based systems of thought, such as law, actuate “an interpreter module.” In legal activities such as the drafting of contracts, statutes, and regulations, the interpreter module serves to process legal materials through “a wordbased formula, [employing] the implicit structural logic of the unarticulated system in which the [legal] norm is generated.

Accordingly, Goodenough concludes that “[s]cience has developed tools that can be used to test the theory that justice-based thinking occurs separately from rulebased reasoning.”How do they work? In thinking about justice we are aided by “a nonverbal algorithm that is programmed by some mixture of genetic blueprint, cultural heritage, and personal experience.” By contrast, word-based systems of thought, such as law, actuate “an interpreter module.” In legal activities such as the drafting of contracts, statutes, and regulations, the interpreter module serves to process legal materials through “a wordbased formula, [employing] the implicit structural logic of the unarticulated system in which the [legal] norm is generated.”

Es decir, el Derecho (el pensamiento jurídico) podría localizarse en determinadas zonas corticales cerebrales. El Derecho (incluida la actividad jurídica) es una actividad mental. Asombroso. Como igual de asombroso fue para mí la lectura del libro "La Conexión divina", de Francisco J Rica, quien analizaba la posible base neurológica de las experiencias místicas o trascendentales del ser humano, lo que alguien ha llamado "la partícula o gen divino".

Si este enfoque del conocimiento jurídico progresa y llega a ver confirmados sus primeros pasos, tal vez algún día podamos incluso prever cómo aplicarán los jueces el Derecho a un caso concreto (luego, estaremos, o nos sentiremos, más protegidos frente a la variabilidad). Yendo más allá, incluso el Estado podría llevar a cabo un proceso de selección de los jueces mediante análisis neurológicos previos, permitiendo el acceso sólo a aquellos que superen el standard neuronal que fije el Estado.

Ya lo dicen los sabios: la felicidad (y la Justicia, añado yo) no hay que buscarla en territorios lejanos, sino dentro de uno mismo.

¿TONTO EL ULTIMO?

Los Monosapiens están hiperactivos. Será la crisis.

Veamos:

Item 1.- Las aventuras del caso Gurtel. Ciertas sociedades afines al Partido Popular (o a ciertas personas del Partido Popular) han gozado de numerosos encargos para organizar mítines, viajes, recepciones y demás, tanto por parte del Partido Popular como de las administraciones controladas por el Partido Popular. Al parecer, esas empresas realizaban pagos en dinero y en especie (trajes de marca, relojes de marca, mujeres de no tanta marca, coches de marca) a algunos dirigentes del Partido Popular y a algunos que ocupan cargos importantes en instituciones políticas gobernadas por el Partido Popular. Dicen las malas lenguas que los regalos que hacían las empresas eran incentivos (o la consecuencia) para ser adjudicatarias.

Item 2.- Los Informes de la Administración catalana. La administración catalana (gobernada por el tripartito) ha encargado cientos de informes a asesores externos, algunos de los cuales son claramente intrascendentes, otros, supérfluos, y otros, más que discutibles. Se supone (según las malas lenguas) que son pagos a personas próximas a los partidos que (des)gobiernan la Comunidad Autónoma.

Item 3.- Ha trascendido que los flemáticos diputados británicos han usado fondos públicos para temas personales (como instalarse calefacción radiante por el suelo de sus pistas de tenis, construir una casita para sus patitos, obras en segundas residencias y otras menudencias). El Primer Ministro laborista (Gordon Brown) devolverá 13.000 euros que cargó al erario público en obras de jardinería. Los otros diputados han puesto mala cara y se lo están pensando.

Item 4.- El primer ministro Japonés (Hatoyama) está siendo objeto de una investigación sobre una supuesta financiación ilegal recibida (algunos donantes, al parecer, estaban muertos).

Item 5.- Un hecho semejante hizo que dimitiera el anterior primer ministro japonés (Ozawa) unos meses antes.

Item 6.- El Primer Ministro italiano (Berlusconi) está envuelto en cientos de investigaciones judiciales (que si falsedades, que si testigos falsos, que si cuentas oscuras, que si mujeres de vida fácil).

Item 7.- El Presidente del Parlamento de Catalunya se hizo tunear el coche oficial con una bonita mesa de madera, una televisión especial y otros gadgets tan caros como inútiles. Los de su color nos incitan y estimulan para que usemos coches ecológicos, pero ellos siguen usando coches que contaminan más

Item 8.- Félix Millet, que fue Presidente durante años del Palau de la Música Catalana y del Orfeó Català (verdaderas señas de identidad para muchos catalanes) al parecer ha ido disponiendo a su antojo (y para fines personales) de cantidades astronómicas que aquellas instituciones recibían de patrocinadores y de las administraciones públicas vía subvención. Algunas de esas cantidades recibidas por las instituciones musicales iban, luego, a parar a Fundaciones vinculadas a ciertos partidos políticos que regían a las administraciones que daban las subvenciones. Dinero de ida y vuelta, vaya, pero a distintos bolsillos.

etc.

Me pregunto si existe algún patrón ético que rija las aventuras dinerarias de tanto personaje. Me pregunto también si les extraña a los Monosapiens que los ciudadanos nos quejemos, silenciosa y resignadamente, ante una anunciada subida de impuestos. Me pregunto si les sorprende a los partidos políticos que la abstención sea cada vez más elevada. Me pregunto, por último, si no se estará intentando extender entre la sociedad el lema "tonto el último" para que todos los homosapiens nos metamos en la política y hagamos de su estiércol nuestro hábitat natural.

PERFUME DE MUJER

Los perfumes dan mucho juego. A Al Pacino le permitían distinguir a una mujer bella y sensual en Perfume de Mujer; a Patrick Suskind le permitió escribir una novela del asesino que buscaba la fragancia perfecta; a más de una mujer le ha permitido descubrir la infidelidad de su esposo; y a la jueza titular del Juzgado número 2 de Ubeda (Jaén) - María Dolores Barragán Ladrón de Guevara- le ha permitido vengarse como consumidora. Así es. La citada jueza compró un frasco de perfume y, al cabo de unos días, y tras usarlo, decidió ir a la tienda y exigir que se lo cambiaran. En la tienda le dijeron que no, ya que se había consumido casi la mitad, y ella, ni corta ni perezosa, soltó aquello de "no sabes quién soy; soy la jueza de Ubeda y me lo vas a cambiar, sí o sí".

Aquí hay un resumen: http://www.elpais.com/articulo/espana/juez/perdio/perfume/elpepiesp/20091003elpepinac_12/Tes

Ante tan profundo y convincente argumento, el tendero accedió a devolverle el dinero; pero ella, rencorosa y vengativa y pertrechada de una temible arma de mujer (me refiero a la toga, no al perfume), se personó en la tienda acompañada de la policía, pidió cientos de papeles y facturas, y ordenó precintar 2 tiendas del mismo propietario, bajo el pretexto de que estaba investigando un supuesto tráfico de perfumes falsos.

El CGPJ le abrió un expediente disciplinario (a la jueza, se entiende) y la ha sancionado: suspensión por un año y traslado forzoso a otro juzgado que esté a más de 100 Km de Ubeda.

¡Esto sí que es eficacia sancionadora! Contra el abuso de poder y la más que presumible prevaricación, nada mejor que mantener todos los poderes en manos de la sancionada, pero a 100 Km. Supongo que el CGPJ habrá sopesado la posibilidad de que en su nuevo destino no haya perfumerías y que la jueza en cuestión debe carecer de medios de transporte para desplazarse hasta una localidad que disponga de esos comercios. Habrá tenido su peso, sin duda también, el hecho (comprobado científicamente) de que los enfados relacionados con el consumo provocan trastornos mentales transitorios que se difuminan hasta desaparecer por completo sin dejar rastro, secuelas ni rebrotes futuros. Como el perfume, vaya. Además, un mal día lo tiene cualquiera, como Aurora Torres, la abogada de "La Dama Ciega" cuando dice aquello de: "Me llamo Aurora Torres, tengo 37 años y soy abogado. Llevo más de dos semanas sin follar, me duelen los ovarios y estoy de muy mala hostia". Con estos antecedentes, no es de extrañar que uno reaccione de manera sorprendente a veces.

Me gustaría conocer el texto completo de la resolución sancionadora (y que, a pesar de haberse adoptado a finales de septiembre de 2009, no aparece colgada en la web del CGPJ, que yo sepa) porque hay demasiadas cosas que no me encajan: ¿existía una investigación en marcha sobre perfumes falsos dirigida por la jueza Barragán? ¿quién era el denunciante? ¿requirió la jueza la asistencia de la policía para la diligencia de precinto?

Cuando disponga de esta información, estaré en disposición de preguntarme (e intentar opinar) acerca de la actuación del CGPJ. Hasta entonces, todo huele a chamusquina.

GESTACIÓN DE UNA SENTENCIA

La ciencia (con el permiso y contribución de National Geographic) nos ha permitido observar, día a día, el proceso de gestación de un ser humano en el seno materno. Al parecer, "se ve el momento de la concepción, el desarrollo del cerebro y cómo comienza a latir espontáneamente el corazón. También, cómo un feto de 11 semanas se golpea a sí mismo, o que a las 24 semanas ya abre y cierra los ojos, saca la lengua y tiene su primer ataque de hipo. Ya en su último trimestre, vemos su habilidad para percibir sonidos, cómo sueña...".

Una vez conseguido este avance sobre algo tan antiguo como el ser humano, no nos puede sorprender que lo mismo pueda conseguirse de una sentencia (cuya antigüedad es inferior a la propia existencia del ser humano). Al fin y al cabo, quien puede lo más, puede lo menos.

Me explico: tradicionalmente, se nos ha enseñado que la sentencia es el resultado de una serie de trámites que van desde la formulación de las pretensiones de las partes, la prueba de los hechos y las alegaciones jurídicas hasta la deliberación del tribunal (en solitario, si se trata de un juez, o en equipo, si se trata de un tribunal colegiado). El tiempo que ello ocupa es variable pues depende de factores como la mayor o menor complejidad del asunto, la mayor o menor capacitación del juez o su carga de trabajo. Concluidas estas fases o hitos, la sentencia se redacta, se firma, se notifica a las partes y se publica.

Todos los trámites (salvo los relativos a la deliberación de los jueces y redacción de la sentencia) son públicos y comprobables.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte se puede comprobar que el proceso de deliberación es cada vez más accesible a todo el mundo.

Por poner un ejemplo, leí ayer en La Vanguardia que, al parecer, el Tribunal Constitucional, en su larga deliberación -3 años, creo ya que lleva- acerca de la constitucionalidad del Estatuto catalán, parece que se decantará por su constitucionalidad, pero ello como contrapartida a no permitir la configuración que de la organización judicial en Catalunya se contiene en el Estatuto. Según se comenta, parece como si todo pudiera pactarse, o matizarse, salvo aquello que afecte a los jueces ya que no les gusta que se les toque su estatus. Se habla, así, de la voluntad de los magistrados del Tribunal Constitucional de que el Tribunal Supremo siga manteniendo su hegemonía como "garante de la uniformidad interpretativa de las leyes en España", o de evitar que existan órganos desconcentrados del Consejo General de Poder Judicial, o de evitar que se imponga a los jueces que desarrollen su trabajo en Catalunya el deber de conocer adecuadamente el catalán (idioma oficial en Catalunya, junto con el castellano, dicho sea de paso, con el antiguo Estatuto y con el nuevo).

Otra muestra de esta "visualización" día a día del proceso de gestación de la referida sentencia la encontramos en las disquisiciones (deliberaciones) que van saliendo a la luz en función del color o tendencia política de los magistrados del Constitucional (conservadores, progresistas). He aquí la prueba: http://www.elpais.com/articulo/espana/Constitucional/encalla/aspectos/clave/Estatuto/catalan/elpepiesp/20090823elpepinac_2/Tes

Puestos a conocer las cuitas deliberativas, lamento que National Geographic no haya podido introducir en los despachos constitucionales sus cámaras y micrófonos pues, sólo así, podríamos hacernos una idea mejor acerca de si, como consecuencia de la maduración del feto, se acabará pariendo a una criatura de un sexo u otro (o si tendrá un poco de cada uno), más o menos guapa, o si sufrirá alguna enfermedad congénita para la que debamos estar preparados. Y ello sin descartar, claro está, la posibilidad (en casos extremos y justificados) de interrumpir el embarazo.

Ciertamente, la justicia del siglo XXI trabaja con medios del siglo XIX, y, por eso, el acceso a las deliberaciones aún se tiene que hacer mediante el recurso a las viejas y anónimas filtraciones y comentarios de pasillo y cantina. Sin duda, la mejor manera de mantener las ilusiones y temores de antaño, cuando no existían aún las ecografías tridimensionales ni National Geographic.

DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHO

Ciertamente, el sexo es uno de los motores de la vida humana, tanto desde el punto de vista biológico como social.

A estas alturas del siglo XXI, pocas sorpresas nos puede deparar ya la biología o la sociología sobre la práctica del sexo. Y es que para para formas, posturas y gustos, los colores.

Pero ocurre que el sexo, que tantos placeres da a los humanos, puede acabar actuando en contra de los mismos, ya sea en su integridad física, psicológica o en su dignidad.

Ahora voy a referirme a los supuestos "desviados" (o, como decía Torcuato Luca de Tena, a esos "renglones torcidos de Dios").

La semana pasada asistí al acto de entrega de diplomas a los alumnos de uno de los Masters en los que imparto algunas clases. A dicho acto asistió la Consejera de Justicia de la Generalitat de Catalunya (Montserrat Tura) quien hizo un discurso, por el que la felicité, acerca de los valores que deberían tener los abogados en mente a la hora de ejercer su profesión. Entre otras cosas realmente dignas de recordar, dijo que el abogado tiene que luchar por la consecución de los derechos y libertades, sin miedo, pues si no actuamos así, no somos dignos de tales derechos y libertades.

El discurso, realmente positivo y adecuado al acto solemne, no tiene relación con lo que estoy tratando en este post, pero sí lo que, curiosamente, hizo la misma Consejera ese mismo día en otro ámbito distinto del académico. Resulta que presentó oficialmente el llamado "Protocolo de tratamiento farmacológico coadyuvante en la intervención de los delincuentes sexuales".

A grandes rasgos, se trata de una serie de medidas terapéuticas a adoptar sobre ciertos delincuentes reincidentes en materia sexual (concretamente, para casos de pedofilia, sadismo sexual, trastorno sádico de la personalidad, o agresores sexuales en serie).

Las medidas consisten en el suministro a los delincuentes (siempre con su consentimiento informado y bajo controles especiales) de fármacos hormonales o psicoactivos, cuya misión es la de reducir la producción de hormonas en los testículos o evitar sus efectos sobre el cerebro o los órganos genitales.

La noticia es sorprendente, mas no por su novedad, sino por lo que supone reconocer que a los seres humanos, para protegernos de nuestros congéneres, ya no nos basta con el Derecho y sus formulaciones tradicionales (delito, juicio, castigo, privación de libertad). Eso ya no basta. Tenemos que acudir a la ciencia, a la tecnología, a la farmacología, delegándose, así, la protección tradicionalmente encomendada a los jueces y a la administración, hacia otros profesionales y empresas: médicos, psicólogos, psiquiatras o laboratorios farmacéuticos.

Precisamente a propósito de esta delegación hacia otros sujetos (a menudo ya de tipo privado), han saltado a la luz esta semana las presuntas irregularidades cometidas por una empresa encargada por la Consejería de la Comunidad de Madrid de suministrar y controlar a los agresores sexuales las famosas "pulseras" (pues, al parecer, cuando se disparaba el aviso de acercamiento, algunos trabajadores de la empresa se ponían en contacto con el agresor y le permitían saltarse la prohibición de acercamiento).

Ya no nos debe sorprender la ciencia ficción.

El Protocolo presentado por la Consejera que estoy comentando no sé si es bueno o malo. Sólo quiero destacar que me deja sobrecogido en tanto en cuanto refleja la debilidad del ser humano y nos alerta de los peligros a los que está sometido.

Los recién licenciados, o nuevos Masters, deben también conocer esta triste faceta de nuestra profesión: la búsqueda de la justicia en medio de las peores miserias humanas.

EL HOMBRE ELEFANTE

La triste historia del Sr. John Merryck, llevada al cine bajo el título de "El Hombre Elefante", ha marcado mis pensamientos desde que la vi. Especialmente aquella escena en la que, tras ser tratado como un bicho raro de feria y ser cruelmente maltratado, dijo, como un lamento salido de lo más profundo de su ser: "¡Yo no soy un animal; soy un hombre; soy un ser humano! ¡Yo también tengo sentimientos!". Sencillamente estremecedor.

http://www.youtube.com/watch?v=q2KEN8XBL00&feature=player_embedded

¿Por qué, ahora, rememoro una de las mejores y más dramáticas, escenas del cine? Pues porque acabo de leer la noticia relativa al juicio celebrado ayer contra el Juez Regadera (ex Juez Decano de Barcelona) y su esposa (Notaria, creo, y no sé si ya ex-esposa del ex-Juez Decano) por violencia doméstica.

Muy sintéticamente, al parecer, la esposa descubrió una infidelidad de su esposo, llegó a casa, discutieron y se causaron, recíprocamente, diversas lesiones que van desde las magulladuras tan tristemente habituales, hasta las mordeduras y el intento de presión en los genitales masculinos (la verdad, me cuesta un poco de imaginar la situación si el hombre está vestido y no usa prendas excesivamente ajustadas, pero es cierto que la realidad siempre supera la ficción).
Se han publicado las declaraciones de ambos en el acto del juicio con bastante detalle. Pueden leerse en el periódico El País (http://www.elpais.com/articulo/cataluna/mujer/ex/juez/decano/dice/intento/matar/declara/defendio/elpepiespcat/20090916elpcat_7/Tes)

No me interesan los detalles, más o menos escabrosos, ni más o menos sorprendentes (como que el Juez declarase que, después de la discusión, saliera a la terraza a tomarse un vaso de agua fría -ya se sabe que contra el acaloramiento, nada mejor que un buen vaso de agua fría tomado el fresco en la terracita del lugar de los hechos, frente a la habitación de los tormentos-).

A mí lo que me interesa destacar es que estos desagradables sucesos (que nunca deberían suceder, pues dicen muy poco, y malo, de las personas a quienes afecta), y muy especialmente el hecho de que sea un Juez uno de los protagonistas, seguro que habrán hecho al Juez plantearse más de una cuestión trascendental sobre su función y modus operandi en su trabajo diario.

Me explico: es conocido por los profesionales que andamos por los Tribunales el trato (demasiado frecuente, por desgracia) frío, distante, a veces grosero (cuando no despectivo) o sumamente autoritario que despliegan algunos jueces frente a las partes afectadas y los profesionales que las defienden cuando ejercen sus funciones, y más concretamente, durante los juicios.

Suelen olvidar estos (malos) jueces que nadie (salvo los querulantes -lo cual, al parecer, es un trastorno mental-) acude a los Tribunales ni para perder el tiempo, ni para divertirse. La gente acude a los Tribunales, muy a su pesar, para que "se haga justicia" ante algo que, para el afectado, le causa un daño o un temor, o para que alguien le reconozca sus derechos. En definitiva: para cualquier persona, ir a un Juzgado es un mal trago y piensa, generalmente, que su problema es el más grave (de los que a ella le afectan).

¿Y qué sucede cuando acude a un Tribunal? Pues que, a veces, le apremian para que "abrevie" sus explicaciones, no le miran a los ojos, no le piden disculpas si el juicio empieza tarde, le formulan preguntas agresivas como si ya se hubiese determinado su culpabilidad de antemano, no le perdonan que (debido a los inevitables nervios de quien acude a un lugar inhóspito y cargado de ritualismo pseudo-sagrado) pueda estar confundido o explicarse mal, ni le dan explicaciones acerca de cómo funciona la justicia.

Sólo por eso (para comprobar qué siente la persona que está frente a los jueces) es muy interesante que los Jueces vayan de acusados, de partes afectadas e interesadas en el conflicto que se debate. Sólo así vivirán en sus carnes lo que puede suponer estar nervioso y temeroso de cuál va a ser la decisión o solución al problema que adoptará una persona a la que no conoce y que le ha mostrado tener escaso interés en su problema.

Otra escena de vídeo que vale la pena ver es el juicio que tuvo lugar contra el Juez Ferrin Calamita por prevaricación. Estaba sudoroso, tartamudeaba al responder, sufría lapsus mentales, lloraba, le temblaban incontroladamente las manos y se requebrajaba su voz, que se oía muy ténue (especialmente si se la compara con el tono casi militar con que trataba a las personas que pasaban por su juzgado de Familia y la forma en que redactaba sus resoluciones).

Otra cosa es que, los Jueces, cuando juzgan a otros jueces, relajen esas conductas que critico (véase el vídeo de Ferrín Calamita, por ejemplo, en la que el tribunal le permitió al juez acusado declarar sentado en el lugar de los abogados, le invitó, amablemente, a beber agua -fresquita, supongo también-, a calmarse y a tomarse el tiempo que necesitase para tranquilizarse). Eso demuestra que la discriminación y el trato de favor existen, independientemente de cuál sea la sentencia final.

Si los Jueces acusados (Ferrín Calamita, Regadera o quien sea) hubiesen visto "El Hombre Elefante", y durante el juicio hubiesen recibido el trato descortés que dispensan algunos, seguro que en su mente, y para el resto de sus días, retumbarían las desgarradoras palabras de John Merryck:

"¡Yo no soy un animal!; ¡soy un hombre!; ¡soy un ser humano!; ¡yo también tengo sentimientos!"

BEEP-BEEP

¿Os acordais de los dibujos animados de Correcaminos y Coyote? El Coyote siempre perseguía al Correcaminos usando toda suerte de tecnología ACME: explosivos ACME, grúas ACME, camiones ACME. El resultado siempre era el mismo: la tecnología se giraba en contra del coyote, que acababa aplastado por la misma.

Resulta que una recientísima resolución judicial acordaba "entregar, de manera inmediata," a los acreedores de una quiebra los cheques que estaban depositados en el Juzgado a favor de cada uno de aquellos desde hacía meses (quizá más de 12). No especificaba el juzgado cómo ni quién tenía que proceder a realizar esa entrega.

Bien, pues uno de los acreedores decide personarse en el Juzgado tal día como hoy para, previa identificación, proceder a retirar el cheque que le correspondía. En el Juzgado le dicen que eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque la Secretaria Judicial y el Juez están ya de vacaciones y la Secretaria "accidental" no tiene la clave (o contraseña) de la caja fuerte donde están guardados los cheques.

La situación es realmente interesante y merece algunos comentarios:

1.- ¿Por qué se decide entregar los cheques "de manera inmediata" si luego no se puede cumplir?

2.- ¿Qué ocurrirá si -y Dios no lo quiera- en sus merecidas vacaciones les sucede algún percance a la Secretaria o al Juez? ¿Y si se olvidan de la clave? Pues que la caja fuerte (y con ella los cheques depositados en su interior) serán un resto arqueológico para generaciones venideras, para aquellas para las que la Administración de Justicia del siglo XXI sea un vestigio histórico de antepasados remotos, un sistema de resolución de conflictos adoptado por un homínido autocalificado como homo sapiens.

3.- ¿tendrán los acreedores que presentarse en el Juzgado pertrechados de los explosivos ACME para conseguir abrir la caja que contiene su dinero?

4.- Que yo sepa, el mes de julio es hábil a efectos judiciales civiles. ¿Por qué, entonces, se permite que los responsables del Juzgado abandonen su puesto en tiempo hábil, impidiendo, así, la ejecución de una actuación acordada por el mismo Juzgado?

http://www.goear.com/listenwin.php?v=2d4f3b4

If you're on the highway and Road Runner goes beep beep.

Just step aside or might end up in a heap.

Road Runner, Road Runner runs on the road all day.

Even the coyote can't make him change his ways.

Road Runner, the coyote's after you.

Road Runner, if he catches you you're through.

Road Runner, the coyote's after you.

Road Runner, if he catches you you're through.

That coyote is really a crazy clown,

When will he learn he can never mow him down?

Poor little Road Runner never bothers anyone,

Just runnin' down the road's his idea of having fun.

ERRE QUE ERRE

Se acercan las vacaciones y hay que tomarse algunas cosas con un poco más de sentido del humor.

Un Juzgado de Primera Instancia español me acaba de notificar una resolución de puro trámite (una Diligencia de Ordenación del/la Secretario/a Judicial), y, al pie de la misma, se informa a las partes de lo siguiente:

"haciéndoles saber que no es firme, pudiendo interponerse por escrito REVISIÓN ante este mismo Juzgado en el término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a su notificación".

Ya tuve ocasión, hace algún tiempo, de explicar en este blog que, seguramente, el día que en la Universidad se explicaban los recursos yo debía estar esquiando.

Pues resulta que, hasta donde una sabe, contra las diligencias de ordenación cabe interponer, efectivamente, recurso.

Que el Juzgado en cuestión llame a este recurso de REVISIÓN puede parecer incorrecto pues lo que cabe interponer, en realidad, es un recurso de REPOSICIÓN (ex art. 224.3 LEC).

Alguien me dirá que soy un tiquis-miquis, y no le faltaría razón puesto que el art. 224 LEC lleva por título "Revisión de las diligencias de ordenación". Pero ocurre que: a) aunque lleve ese título (revisión), al regular su contenido, la ley no vuelve a hablar de revisión, sino de "anulación", b) el artículo citado dice que la impugnación de las diligencias de ordenación se tramitará y resolverá conforme a las reglas del recurso de "reposición", y c) para evitar confusiones, es mejor hablar de "reposición", ya que en España existe un recurso extraordinario que es, precisamente, el recurso de "revisión", establecido para casos sumamente graves (testigos falsos, sentencia obtenida mediante coacción, etc) y cuyo plazo es de 3 meses o 5 años, según las circunstancias (art. 512 LEC).

Pero lo que no es de recibo es que se diga, en la resolución que comentamos, que el plazo es de TRES DÍAS, porque resulta que el plazo para recurrir contra las diligencias de ordenación es de CINCO DÍAS (ex art. 452 LEC).

Lo que me resulta curioso o paradójico es que:

1º.- hay jurisprudencia consolidada que afirma que si las partes actúan asistidas de un abogado en un juicio, no pueden alegar que actuaron con error confiando en los tipos de recurso y plazos que indican los juzgados en sus resoluciones, ya que tienen (las partes) obligación de conocer la ley, los tipos de recursos y sus plazos. Ergo: 1.- ¿no tienen obligación de conocerlos los tribunales, que son quienes deciden "en Derecho" sobre las pretensiones de las partes?, 2.- si las partes no pueden justificar su error en la indicación equivocada de los tribunales, ¿por qué malgastan su tiempo los tribunales precribiendo algo que puede que esté mal y que, si está mal, no sirve de excusa a la parte que haya actuado mal?. Esto es como si uno va al médico y éste le prescribe un medicamento equivocado, el paciente muere y resulta que no se puede reclamar.

2º.- sean los tribunales que se equivocan al establecer los recursos que caben contra sus decisiones los que tengan encomendada la labor de decidir "en Derecho" el fondo del asunto. Esto es tanto como designar como profesor de autoescuela a alguien que no sabe conducir. Y qué queréis que os diga, me crea una cierta inquietud.

Pero que no cunda el pánico. Esto se arregla con una regla infalible: empezar por el principio. Por ello, propongo que se planifiquen unos sencillos cursos de reciclaje que empiecen con el abecedario. Tras unos pasos rápidos por la "A" de Abogado, la "B" de Buena fe y alguna otra, en pocos días, se llegará a la letra "R", de Recurso, de Revisión, de Reposición, de Reforma, de Rescisión.

LOS LUJOS SE PAGAN Y EL ESTADO DECORA TU CASA

Creo recordar de mi época de estudiante universitario, que los impuestos y, en su caso, los tipos impositivos, constituyen un instrumento del Estado (o de las Comunidades Autónomas, o de los Municipios, o de quien pueda establecerlos o, en última instancia, cobrarlos) para conseguir ciertos fines de la más variada índole: recaudatorios (para engrosar las arcas públicas, enjuagar el déficit público, financiar operaciones militares, etc), sociales (para contribuir al sostenimiento de organizaciones benéficas tipo ONG o Iglesia), culturales (para fomentar la lectura o la inversión en arte), sanitarios (para que se reduzca el consumo de alcohol o tabaco) o medioambientales (fomentar el consumo de productos que contaminen poco).

Así, por ejemplo, si se quiere reducir el consumo de tabaco (porque se considera que el mismo es nocivo para la salud), el Estado puede, entre otras alternativas, establecer un impuesto que grave el consumo del mismo, y si el impuesto no es suficiente para disuadir del consumo, puede ir aumentando el tipo impositivo aplicable hasta el límite de lo soportable por el fumador. Esto es, hasta que el precio que pague el fumador sea tan gravoso que éste prefiera prescindir de fumar, antes que arruinarse. Algo así como aquello de que “la letra, con sangre entra”.

Dado que el Estado es uno de los encargados de velar por el bien de los ciudadanos (de hecho, esa es su única razón de ser), se supone que los instrumentos que usa para ello deben estar inspirados por el fin perseguido (generalmente, el bien –cultural, sanitario, medioambiental, etc- de los ciudadanos). Usando el ejemplo del tabaco, se supone que el Estado aplica impuestos sobre el tabaco cada vez más elevados porque tiene que velar por nuestra salud, y no por puro capricho.

Lo dicho hasta ahora sobre los impuestos en general es igualmente aplicable a los tipos impositivos. Aquí lo que sucede es que hay ciertas operaciones que deben pagar impuestos siempre. Así ocurre con las compras de muchos productos (prensa, zapatos, comida, coches, ropa, etc) o la contratación de numerosos servicios (de un abogado, arquitecto, diseñador, etc). Pero el Estado puede considerar que algunos de esos productos o servicios deben pagar más que otros porque, como todo en esta vida, hay productos o servicios más o menos necesarios que otros Por eso, aunque un producto tenga que estar gravado con un impuesto, eso no quiere decir que pague exactamente el mismo impuesto (tipo impositivo) que otro producto.

Un ejemplo claro de lo que estamos diciendo lo encontramos con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Aun cuando la mayoría de productos y servicios tributan por IVA, hay algunos que lo hacen a un tipo más bajo que otros, siendo los tipos existentes el 4 %, el 7 % y el 16 % (pero todos son IVA).

¿Por qué unos tributan al 4, otros al 7 y otros al 16? Pues la razón debería ser la que hemos dicho antes: porque se considera por el Estado que aun teniendo que pagarse un impuesto, si un bien es muy necesario para sus ciudadanos sería injusto que pagase mucho impuesto por él, mientras que si un producto no es tan necesario o se considera lujoso, quien lo quiera comprar acabará pagando su capricho (y, de paso, el Estado puede compensar lo que gana de menos en unos con lo que gana de más en otros, y así acabará teniendo los mismos o parecidos ingresos).

Aunque a mí, personalmente, no me motiva en absoluto el análisis del sistema impositivo de un país, debo reconocer que ello es interesante para conocer, desde otra óptica, cómo es ese país. Así, por ejemplo, si un país establece un impuesto muy reducido para la compra de libros, podré pensar que le interesa fomentar la cultura de sus ciudadanos y, de paso, la industria cultural. Y si impone un impuesto altísimo para el caviar, o los yates, podré pensar que esos bienes se consideran lujosos y, hasta cierto punto, innecesarios, por lo que, quien los quiera, tendrá que pagar un extra. Y lo entiendo, pues no olvidemos que los impuestos, además de lo dicho, deben basarse en la capacidad económica de las personas, considerándose justo que pague más quien más tenga.

No obstante, a veces el Estado me deja perplejo. Resulta que hace unos días fui a comprar a un supermercado y, cuando revisaba el ticket de compra, comprobé con agrado que, junto al precio de cada producto adquirido, había una letra: A, B o C. Al pie del ticket se decía que A era el 4 % de IVA, B, el 7 % y C, el 16 %. Y me acordé de lo que llevo escrito hasta aquí.

Pero cuál fue mi sorpresa cuando comprobé la caprichosa selección de tipos impositivos que ha fijado el Estado para cada producto. Así, la fruta la pagué al 4 %, lo que me pareció lógico: hay que comer, al menos 4 piezas al día para estar sanos, según los expertos en nutrición; por tanto, deduzco que la fruta es un producto necesario para las personas y esto demuestra la teoría de los impuestos. Los yogures los pagué al 7 %; ya no lo veo tan claro, a la vista de las pirámides nutricionales, si bien puedo admitir que el consumo de yogures y lácteos en general no debe ser tan copioso como el de la fruta, luego, aunque dudoso, pensé que el Estado (con tanto funcionario cualificado) había hilado muy fino.

Y, finalmente, el papel higiénico lo pagué al 16 %. Aquí ya no entendí nada. Eliminé, de entre las justificaciones de un impuesto, las relativas a la capacidad económica de las personas, pues me pareció obvio que el papel higiénico lo usan, por igual, ricos y pobres. Pero en cuanto a las otras razones, ¿debo deducir que el papel higiénico es un producto no necesario o lujoso? ¿Debo pensar que el Estado pretende fomentar entre sus ciudadanos el abandono del papel higiénico como producto para la limpieza corporal y sustituirlo por otro, como una hoja de una planta? Y digo lo de la hoja de la planta porque, tras revisar la Ley del IVA, comprobé que la compra de flores o plantas vivas –siempre que sean ornamentales- tributa al 7 % (luego, el Estado fomenta el consumo de plantas en detrimento del papel higiénico).

Desde ese día, mi cuarto de baño parece un vergel y me siento más Mowgli.

Ver para creer.

¿AMOR, PODER O INTELIGENCIA?

Amor, poder e inteligencia son atributos que los seres humanos suelen buscar, bien sea para uno mismo, bien a través de otra persona. Habrá quien los busque todos a la vez. Habrá quien busque dos de ellos, uno solo o, en casos raros, ninguno.

Hay quien opina que estos atributos (conjunta o separadamente) son los que mueven el mundo.

En la mitología griega se relata el llamado "Juicio de Paris", un juicio en el que a Paris, un joven mortal, se le presentan 3 diosas, cada una con su atributo característico, para que Paris escoja. Así, Hera representaba (y le otorgaría a Paris si la escogía) el poder; Afrodita representaba el amor y la belleza; y Atenea, la inteligencia y la sabiduría.

La elección se presentaba difícil ya que sólo una sería la escogida.

Paris optó por Afrodita (amor y belleza).

Como consecuencia de la elección, las otras diosas se sintieron despechadas y ello desencadenó terribles conflictos y batallas.

Este relato nos puede sugerir diversos mensajes:

1.- La difícil tesitura en la que se encuentra un Juez cuando tiene que optar entre varias alternativas, todas ellas, en principio, legítimas y dignas de protección.

2.- Sea cual sea la elección del Juez, la decisión nunca colmará las expectativas de cada uno de los pretendientes o partes en litigio. Sólo hay un ganador y uno o varios perdedores. Los juicios no admiten las "tablas" del ajedrez.

3.- El Juez, en los sistemas judiciales racionales, debe motivar su decisión, pues de lo contrario la decisión sería arbitraria. ¿Por qué la belleza y no la inteligencia?

4.- Si la motivación es honesta, nos permitiría conocer mejor al Juez y convertir los juicios sucesivos con el mismo Juez en algo más previsible.

5.- Los realistas americanos, escandinavos y otras variantes nos dirían que, conociendo previamente la forma de ser y de pensar del Juez, el resultado del juicio podría, ex ante, haber sido más previsible. Así, si Paris tenía exceso de testosterona o la líbido subida de tono, sería previsible que escogiese a Afrodita. Si, por el contrario, fuese persona enamorada del conocimiento, o la cultura, tal vez se habría decantado por Atenea; y si sentía debilidad por ejercer el poder sobre otros, posiblemente habría optado por Hera. No obstante, alguna orientación psicoanalista nos diría que tal vez el Juez podría optar por aquella opción que represente un atributo del que carezca (así, si Paris fuese feo de delito, pero poderoso, seguramente escogería a Afrodita). Pero también habrá quien diga que Paris podría optar por Hera esperando una compensación futura consistente en alguna prebenda de poder (como acceder a algún órgano de gobierno de la judicatura, o a un puesto ministerial, por ejemplo).

6.- Y, en fin, que, en realidad, la justicia no es la ciega (pues se imparte en función de los dictados personales del Juez, que mira atentamente las opciones), sino que los ciegos son los justiciables, pues entran en un lugar sin saber cuándo, cómo ni por dónde van a salir de él, si es que logran, algún día, salir.

UBICACIÓN DEMOCRÁTICA DE UN SISTEMA JUDICIAL

Se dice en el Evangelio de Juan que el Apóstol Tomás era un incrédulo pues, a pesar de habérsele anunciado la resurrección de Jesús, dijo que sólo lo creería si veía las señales de los clavos en sus manos o tocaba con su mano el costado de Jesús. Unos días después, se le apareció Jesús. Tomás tocó, y creyó.

Se acaba de publicar un libro muy interesante que lleva por título "The Integrity of the Judge. A Philisophical Inquiry". Su autor, Jonathan Soeharno, es abogado en Amsterdam, al parecer, especialista en Banca y Finanzas, y que ha sido investigador y profesor en la Universidad de Utrech. Su perfil se encuentra en: http://www.linkedin.com/pub/jonathan-soeharno/5/643/716

Cuando este autor analiza el concepto de "integridad judicial", analiza, entre otras muchas y muy interesantes cuestiones, las que él denomina "cuestiones" (issues) o problemas que preocupan especialmente y, para ello, distingue las que se dan, preferentemente, en las que denomina "democracias establecidas o consolidadas" frente a las llamadas "democracias en desarrollo".

Según Soeharno, las cuestiones que preocupan o se analizan en las democracias consolidadas son:

- el error judicial

- el interés por conocer la personalidad y anteriores cometidos de los jueces

- las tendencias acerca de la representación de géneros, minorías, clase social, procedencia, preferencias políticas o formación religiosa de los jueces

- malas conductas (judiciales o extrajudiciales) de los jueces

- eficiencia judicial

- independencia judicial

En las democracias en vías de desarrollo, los issues que preocupan son:

- los sobornos (económicos o no),

- las interferencias políticas (en nombramientos de jueces, en la tramitación de asuntos, etc),

- la corrupción institucional (aquí incluye no sólo los aspectos estrictos relativos al uso indebido de fondos públicos o los tratos de favor contratando a parientes o amigos, sino también aspectos tales como la mala gestión judicial -retrasos, escasez de jueces, complejidad de los procedimientos, congestión de asuntos, etc-).

A partir de esta clasificación, propongo un ejercicio de autoevaluación: ¿dónde se ubicaría el sistema judicial del país de cualquiera de los lectores de este blog? Se agradecerán los comentarios indicando, sólo, el país que conozca cada uno de los lectores. Esta colaboración nos puede aportar datos de interés para un futuro post.

Pasen, vean y toquen. Y, después, hagan como el bueno de Tomás: crean y expliquen su experiencia.

Mi agradecimiento anticipado.

SEXO, PUBLICIDAD ENGAÑOSA Y ENFOQUE ECONÓMICO DEL DERECHO

Hoy, cuando iba a recoger mi coche, aparcado en la zona azul, me he encontrado con una tarjeta colocada en el parabrisas que decía así:

"JAPONESAS HONG-KONG

Nueva casa-masaje oriental

24 H ABIERTO"

Iba seguida de una dirección, descripción de transporte público para llegar al local y 2 números de teléfono móvil. En la parte derecha de la tarjeta, una foto de una mujer muy guapa, de facciones orientales, y ataviada, únicamente, con un conjunto de lencería lila con pedrería.

He quedado un poco perplejo, sinceramente, ya que anunciarse como "Japonesas Hong-Kong" me lleva a cierta confusión: ¿serán las masajistas japonesas o chinas? La confusión me asalta ya que, hasta donde yo sé, Hong-Kong (aunque rime con Japón) no está en Japón, sino en China, y aunque las facciones de las mujeres puedan parecer similares para un no oriental como yo, creo que se trata de dos países distintos, muy distintos, con idiosincrasias también distintas, muy distintas.

No es la primera vez que me sucede. Hace unos meses, una amiga me invitó a comer a un restaurante japonés (eso me dijo mi amiga, y eso es lo que rezaba el cartel de la entrada). Pues bien, cuando nos dieron la carta (para cuya interpretación, aun estando redactada en castellano, eran necesarios ciertos conocimientos de matemática combinatoria), me encontré con un plato cuyo nombre era el siguiente: "Pato Pekín de japonés". Intrigante. ¿Qué hace un pato chino en Japón -porque Pekín está en China-?, ¿o será, acaso, que se trata de un pato chino cuyo dueño es japonés?. Se lo pregunté a la camarera (no sé si era china o japonesa, ni si estaba a las órdenes de un japonés o de un pekinés), pero pareció no entender la pregunta. Opté por otro plato más convencional (cerdo agridulce, que yo creía chino...).

A lo que iba. La tarjetita de las "japonesas Hong-Kong" creo que puede calificarse, jurídicamente, como un acto o instrumento publicitario, ya que según el art. 2 de la Ley General de Publicidad 34/1988, se reputa tal: "toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones".

Ciertas publicidades, según el art. 3 de la citada Ley, se consideran ilícitas (por ser contrarias a la dignidad, por inducir a confusión, por ser desleal, subliminal o porque infrinja ciertas normativas sectoriales).

Ahora me interesa la publicidad que induzca a confusión, teniéndose por tal, según el art. 4, la "que de cualquier manera, incluida su presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor".

El art. 5 concreta un poco más y establece que: "Para determinar si una publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta todos sus elementos y principalmente sus indicaciones concernientes a: Las características de los bienes, actividades o servicios, tales como: 1.- Origen o procedencia geográfica o comercial, naturaleza, composición, destino, finalidad, idoneidad, disponibilidad y novedad; 2.-, (...)". No haré referencia a otro supuesto de confusión, tal vez también aplicable al caso, como el relativo a "los resultados que pueden esperarse de su utilización", ya que ello nos llevaría al campo de las decisiones subjetivas y al estudio de las decisiones económicas de actores poco convencionales (usando la terminología económica).

No me cabe duda de que para una persona mínimamente selectiva e informada puede ser importante saber si los servicios ofertados van a ser prestados por una profesional japonesa o china, y que de ello puede depender su comportamiento económico (contratando o no el servicio, o pagando más o menos por él, o sopesando si lo que se le pretende cobrar realmente lo vale sabiendo que el coste de mano de obra china no es el mismo que el de la japonesa). Al menos así nos lo enseña el llamado "modelo de la elección racional" de la Economía ortodoxa. Es decir, partiendo de la presuposición consistente en que nadie es omnisciente, se estima, no obstante, que una elección económica será racional aun cuando se tome con base en información incompleta, siempre que los costes de adquirir más información superen los beneficios probables de tomar una decisión mejor (en este sentido, Richard A. Posner en "El análisis económico del Derecho"). De ahí, tal vez, el que la publicidad sea una actividad regulada. La publicidad no debe ser engañosa porque los costes para el homo economicus de conocer mejor si el servicio ofertado será prestado por una japonesa o una china son muy superiores al beneficio probable del servicio que se acabe recibiendo (cabe suponer que si se piden pasaportes de las mujeres, éstos no serán entregados fácilmente, por ejemplo, con la consiguiente pérdida de tiempo y riesgos para la integridad física; y todo, al fin y al cabo, para acabar obteniendo una satisfacción de instintos carnales para la que existen ofertas alternativas -aunque tal vez no tan exóticas-).

Tampoco me cabe duda de que la publicidad confusa puede perjudicar a un competidor (imaginemos que una profesional japonesa, cualificada como Geisha, ve que una profesional china sin esa cualificación se hace pasar por japonesa). Se trata del tema del aprovechamiento de la rePUTAción ajena.

¿Qué puede hacer el usuario? Pues, según la ley, ejercitar, extrajudicialmente, una acción de "cesación", o una de "rectificación". Y si no se cesa ni se rectifica, puede acudir a los tribunales para que ordenen la cesación o rectificación.

¿Lo hará el usuario, o potencial usuario, o simple destinatario de la publicidad -acudir a los tribunales-? Me inclino a pensar que no, de entrada, por dos motivos: el coste que le puede representar, y la naturaleza de los servicios ofertados, que pueden prestarse a comentarios jocosos (aunque no entienda exactamente por qué, pues se trata de servicios lícitos, como puede serlo la venta de Viagra).

¿Qué solución ofrece la ley para estos casos? Pues la ley permite que esas acciones las ejerciten también ciertos organismos o instituciones, como el Instituto Nacional de Consumo o las Organizaciones de Consumidores o Usuarios. Claro que si se considerase que la publicidad utiliza de forma vejatoria o discriminatoria a la mujer, también podrán ejercitar las acciones el Instituto de la Mujer, o la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.

Uno se queda más tranquilo sabiendo que los poderes públicos están para ayudar.

Dejo para otro momento la cuestión relativa al horario comercial, que yo creía limitado (como ocurre en Catalunya). No sé si los locales como el anunciado responden al criterio (excepcionado de la limitación horaria) de la llamada, legalmente, "tienda de conveniencia". Pero eso es ya otra ley y nos llevaría demasiado lejos en este post.

UN MIRLO BLANCO

Se trataba de uno de esos sustos jurídicos que suelen caer ante la proximidad de las vacaciones. En un asunto penal, el Juzgado de Instrucción dictó Auto de apertura de juicio oral, lo que significa que, habiendo considerado el instructor que hay indicios de criminalidad en las conductas investigadas, y habiendo presentado escrito acusatorio el Fiscal y la acusación particular, tiene que celebrarse juicio penal.

El Juzgado acordó lo siguiente: " dése traslado de las actuaciones a la representación de las partes acusadas para que en un plazo común de 10 días formulen escrito de defensa frente a las actuaciones formuladas".

El abogado da instrucciones a su procurador para que se pase por el juzgado a recoger las actuaciones. El procurador va al juzgado y una oficial le dice que no se las puede dar ya que la persona que se encarga de ese asunto (otra oficial) está de vacaciones. Se pregunta a la citada persona cuándo vuelve de vacaciones, pero nadie sabe. Se le indica que el plazo corre (a pesar de las vacaciones tomadas intempestivamente), y se contesta que eso no es su problema. Y, claro, ya tenemos un problema, porque la ley dice lo que dice (10 días desde el "emplazamiento" -que es lo que hizo el Juzgado: emplazar-, no desde la "entrega de las actuaciones").

Ya no hubo más diálogo entre procurador y oficial, tras algún que otro intercambio de palabras.

El abogado decidió ir a ver directamente al Juez. Y aquí es donde apareció el mirlo blanco. El Juez no tardó ni 1 minuto en recibir al abogado, le atendió cortesmente y entendió perfectamente el problema. Se comprometió a dar instrucciones para que se entregasen las actuaciones al abogado y pudiese hacer su trabajo.

Esta es la prueba de que con buena voluntad, educación y sentido común, los problemas instrumentales dejan de serlo y los profesionales nos podemos centrar en intentar resolver los verdaderos problemas. El Juez, investigando; y el abogado, defendiendo. Unos minutos de diálogo han evitado decenas de escritos y recursos para conseguir lo que no tiene vuelta de hoja: que los usuarios de la justicia no pueden verse perjudicados por el hecho de que alguien se tome las vacaciones cuando quiera y nadie la sustituya durante su ausencia.

El citado Juez, a pesar de habérsele asignado un Juzgado que lleva por número uno al que la gente atribuye mala suerte, ha demostrado ser persona cabal, sensata, dialogante, educada y práctica. ¡Así da gusto!

UN LIBRO DE DERECHO SUCESORIO ORIGINAL

El pasado martes, en la sede del Colegio de Abogados de Barcelona, se presentó el libro "Derecho de sucesiones catalán y español. Concordancias y discordancias", de Chantal Moll de Alba y Marco Antonio Alonso Hevia.

1.- Cómo es el libro.

Obviamente, como los demás: con tapa semirígida, solapilla que incluye la foto de los autores (da gusto verles sonrientes), papel de mediana calidad, tamaño de letra correcto y uso de la "negrilla" para ciertos títulos (siempre se agradece).

Se trata de un libro que recoge la normativa sucesoria catalana y la compara con la normativa contenida en el Código Civil español. La gracia del libro está en que, al inicio de cada capítulo, en un cuadrito, se indica, lisa y llanamente, si el derecho catalán es igual o no que el derecho español. A continuación, en otro cuadrito, se incluye -a veces- una brevísima reseña de las peculiaridades, coincidencias o diferencias (de ahí, supongo, lo de "concordancias y discordancias" del título). Seguidamente, se reproduce el articulado de la normativa catalana y la española. Sólo muy esporádicamente se incluyen, a pie de página, algunas notas (casi siempre, de tipo normativo).

2.- Qué aporta el libro.

Rapidez y practicidad para saber si la normativa comparada es igual o distinta. Esto es bueno no sólo para el que se enfrente por primera vez con el trabajo de tener que aplicar un derecho que no haya estudiado (pues sabrá si tiene que profundizar mucho o no en el estudio del nuevo Derecho), sino también para el que trabaje con ambos Derechos ya que a veces ocurre (o al menos a mí me ocurre) que a fuerza de trabajar con ordenamientos distintos (catalán, español, gallego, balear, aragonés, etc) uno ya no sabe seguro cómo se regula una figura en un territorio determinado.

3.- Qué no aporta el libro.

Que nadie espere encontrar estudios de las figuras jurídicas. Se trata de un análisis comparativo de estricto derecho positivo. No hay comentarios, ni explicaciones, ni críticas ni jurisprudencia. Si alguien quiere conocer y comprender a fondo las figuras jurídicas tendrá que echar mano de las bases de datos, manuales al uso y, sobretodo, del ingenio personal y la buena argumentación.

4.- Los autores.

Chantal Moll de Alba es doctora en Derecho, profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona, coordina o dirige la sección editorial del grupo Difusión y, conociéndola, seguro que hace un montón de cosas más. Es una persona que derrocha ilusión, alegría y optimismo por todas partes, además de ser una mujer sincera, transparente y extremadamente sensible (como lo demostró en el acto de presentación al dar los agradecimientos). Es imposible llevarle la contraria, pero no por ser obstinada, sino porque su ilusión es realmente desbocada.

Marco Antonio Alonso es Notario y, aunque lo calificaron de gran charlador, se mostró bastante reservado en la presentación. Como buen Notario, se le presumen los sólidos conocimientos del Derecho Civil de toda España. Me pareció un profesional entregado e irónico, lo que considero muy útil para sobrevivir en el mundo jurídico.

5.- Lo que me gustaría haber encontrado en el libro.

Un análisis comparado no sólo con el Derecho que llaman "español" (lo que creo erróneo, ya que en España hay otros derechos sucesorios, también españoles, como el aragonés, balear, etc, por lo que sería preferible llamarle "común" -aunque tampoco sea muy adecuado este nombre, pues no lo es de común, sino específico de otros territorios como Valencia, Andaluciía, Castillas...-), sino también con el de los otros territorios que cuentan con normas sucesorias. La movilidad de las personas y, con ellas, de los Derechos aplicables, exige conocer todos los Derechos que hay en España.

Ya sé que eso es más trabajo. Pero me limito a comentar lo que me gustaría.

6.- La Editorial.

Grupo Difusión es una empresa rompedora. Hace cosas realmente distintas y eso debe dar sus frutos. Lo demostró con la revista Economist & Jurist, cuya presentación (colorida, con fotos, gráficos, cuadros, esquemas o entrevistas) y contenidos (siempre de máximo interés general) se hallan a medio camino entre la tochos especializados y las revistillas de mera divulgación.

Y en los libros (aunque no use fotos ni colores) pasa algo parecido. Incluso han publicado un libro sobre los matrimonios judíos en EEUU...

7.- Conclusión

Un libro práctico y de novedosa presentación visual, mucho más interesante que comprarse un código de leyes puro y duro (salvo que uno lo quiera para adentrarse en los vericuetos de una fase REM avanzada).

Precio: sobre unos 40 euros. Caro para los lectores. Demasiado barato para los autores. No lo sé para la Editorial.

¡QUÉ MANÍA CON LOS GRITOS!

¡Ya estamos otra vez con los gritos judiciales! Hoy veremos un ejemplo de cómo se están llevando las cosas en los Tribunales.

1.- El caso

Se trata de un proceso penal mediático por cohecho, prevaricación, asociación ilícita y unas cuantas cosas más, en el que hay numerosos imputados.

En un momento dado, uno de los abogados defensores solicita (en un escrito aséptico) como diligencia a practicar que se requiera al Ministerio Fiscal para que justifique si determinadas personas están en las listas de confidentes de Fiscalía, trabajitos que han hecho e importes que hayan percibido.

2.- Lo que contesta el Fiscal anticorrupción.

"...manifestar que la traviaria petición...no hace sino constar el profundo desconocimiento que regula la normativa de la Institución del Ministerio Fiscal en la investigación y averiguación de delitos...".

3.- Lo que contesta el abogado al recurrir contra la negativa a practicar la diligencia solicitada.

"Como cuestión previa, con el debido respeto y en términos de defensa, en primer lugar pedir disculpas al ilustrado Ministerio Fiscal, por el atrevimiento de este indigno letrado, al manifestar de forma "traviaria" una petición de diligencias...diligencias que en cualquier caso creemos que se solicitan amparadas en el humilde ejercicio del derecho de defensa, al cual parece ser que mi representado no tiene derecho, salvo que expresamente estos derechos vengan reconocidos por el iluminado Ministerio Fiscal, al que rogamos una vez más disculpas.

Y en segundo lugar, este indigno letrado reconoce su ignorancia ya que lamentablemente reconocemos no estar a su altura, por no tener todavía y a fecha de presentación de este escrito, el conocimiento suficiente para saber el significado de la palabreja "traviaria", no obstante ello, y dados los limitados conocimientos del letrado que suscribe, le ruego y suplico encarecidamente, me la explique brevemente, pues ante tal desmesurado desconocimiento, a pesar de haber consultado del Diccionario de la Real Academia Española, no la hemos encontrado, y en el que posiblemente tampoco hemos sabido buscar, por lo que esperamos que en breves fechas nos dedique unas líneas, con lo cual le quedaremos eternamente agradecidos, y si nos convence, propondremos que se incluya en el Diccionario de la Real Academia Española...".

4.- El comentario

Ya hemos dicho alguna vez que tal vez sería un buen ejercicio de práctica forense evitar comentarios valorativos respecto a las peticiones de las partes, ya que si toda persona puede acudir a los tribunales para defender sus legítimos intereses, basta con que los manifieste, haga sus peticiones y, quien tenga el poder de decidir, los reconozca o no, los satisfaga o no, siempre con los argumentos legales que se estime procedentes.

Cuando no se hace así, pasa lo que pasa: que el Fiscal llama tonto al peticionario, el peticionario se enfada, le contesta más subido de tono y, al final, toda acaba como el rosario de la aurora (esto es, con la técnica, jurídica donde las haya, del "y tú más"). Es decir, que el caso se desvía hacia posiciones personalistas y piques profesionales. Y, claro, como en este duelo dialéctico siempre hay uno que tiene más poder que otro, el peticionario acaba trasquilado.

Miren, si no, lo que le ha pasado a un abogado aragonés que osó decir en un recurso contra un Auto que el mismo era arbitrario, injusto, dictado con absoluta voluntariedad y que podría dar lugar a responsabilidades penales. Pues le pasó que le han impuesto una multa (creo que de 1.800 euros) por considerar (otro juez) que se pasó.

Ocurre, por último, que el letrado del caso de corrupción que comentamos tiene razón. ¿Qué querrá decir "traviario"?

CONTRADICTIO IN TERMINIS

Hoy iniciaremos una serie de repasos judiciales en un mundo globalizado.

El primero será, por razones que ahora no vienen al caso, Andorra.

La primera sentencia a la que accedo es a la dictada por el Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, sección Civil, de 28-5-2009, resolviendo un recurso contra una sentencia del Tribunal de Batlles, sección civil. El Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (TSJC) es la más alta instancia de la organización judicial andorrana.

El caso planteado era el de una reclamación efectuada por un Banco contra cierta persona por impago de una póliza de crédito.

El demandado alegó que no era procedente la reclamación porque la póliza tenía que considerarse renovada tácitamente a su vencimiento.

El Tribunal de Batlles condenó al demandado a pagar. Este recurre al TSJC.

El TSJC, en su Fundamento de Derecho Primero, como una clara premonición de lo que será el fallo, declara: "La parte que recurre, desconociendo y conculcando la doctrina jurisprudencial que permite calificar un recurso como un abuso de procedimiento cuando se limita a reiterar argumentos y excepciones defensivas totalmente depuradas en la instancia precedente y correctamente rechazadas, nuevamente invoca para oponerse a la demanda del banco la aplicación de las condiciones generales del contrato de apertura de las cuentas corrientes según las cuales las pólizas de préstamos se renovaron tácitamente...".

El TSJC desestima el recurso a base de ciertos argumentos basados en las propias pólizas y sus condiciones.

La cuestión que ha llamado mi atención es la relativa a la condena en costas. ¿Qué creen los lectores que sentenció el TSJC sobre las mismas?

Viendo el Fundamento de Derecho Primero (que más bien parece ser el fallo, quizás por aquello de que los últimos serán los primeros), uno puede pensar que al demandado le impondrían las costas del proceso, por ser un recurso abusivo y reiterativo de la primera instancia.

Pues no. Lo que establece el TSJC, en su Fundamento de Derecho Quinto (y último) es que: "Debe desestimarse, pues, el presente recurso sin hacer especial imposición de las costas de segunda instancia, por razón de la dificultad del litigio y de la ausencia de mala fe en el recurrente".

Las curiosidades que aparecen son las siguientes:

1.- Sigue esta sentencia la tradición arraigada en España de obviar, siquiera formalmente, la figura del silogismo, ya que el primer argumento judicial es, en realidad, el fallo.

2.- Sorprende que se califique un recurso como abusivo por el hecho de reproducir en él los argumentos de la primera instancia. Y sorprende porque la segunda instancia debería ser una revisión de los criterios de la primera, con los cuales puede no coincidir el Tribunal Superior. Además, lo sorprendente sería que el recurrente introdujese nuevos o distintos argumentos en el recurso.

3.- Sorprende que se califique como abusivo un recurso diciendo que ello es así cuando la cuestión se ha analizado correcta y detalladamente en la primera instancia. Me pregunto cómo se sabrá si la cuestión se ha analizado detallada y correctamente si ello no se somete a la revisión de un órgano superior. ¿Acaso deben ser las partes las que decidan esa corrección antes de recurrir?

4.- Finalmente, lo que me parece ya una absoluta contradictio in terminis es que se empiece calificando de abusivo el recurso y se acabe sin imponer las costas alegando que no hay mala fe. ¿Acaso cabe la figura del abuso de derecho sin mala fe?

Estudiaremos el Derecho Andorrano (tan próximo y tan desconocido para nosotros) para ir profundizando en la idiosincrasia de sus jueces.