

Estoy francamente desolado. Paseando por la web siguiente:
Un análisis crítico, irónico y con sentido del humor de la Justicia y del ser humano.
A cualquiera de nosotros se nos llenaría la boca de frases épicas si tuviésemos que comentar o defender la necesidad de que la justicia (entendida como administración de justicia) sea independiente e imparcial.
Muchos dirán que esta no es una cuestión nueva, y que ya los textos constitucionales se encargan de proclamarlo (de hecho, la Constitución española ya lo hace al declarar en el art. 117 que La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley).
También se dirá (de hecho, lo declaran tajantemente el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos) que existen mecanismos adecuados para preservar, precisamente, esas aúreas características de la función judicial (la independencia y la imparcialidad), como son los mecanismos de la abstención y la recusación (yo añadiría incluso la tipificación del delito de prevaricación judicial).
Tomando prestadas las palabras del TEDH, los institutos de la abstención y recusación tienen por objeto salvaguardar la apariencia de imparcialidad que debe caracterizar ala administración de justicia. Así, se ha declarado que Incluso las apariencias pueden tener importancia, pues pueden afectar a la confianza que los Tribunales de una sociedad democrática deben inspirar a los ciudadanos en general, y en particular a quienes son parte en el proceso (STEDH de 1 de octubre de 1982, caso Piersack; STEDH de 26 de octubre de 1984, caso De Cubre, y STEDH de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt).
No obstante, y visto lo que se ve por esos mundos de Dios, lo que planteo va más allá de lo que tenemos, de palabras bonitas y retórica académica. Lo que planteo es si sería conveniente reforzar esas apariencias mediante actuaciones preventivas y transparentes, como las que se siguen para los cargos políticos (pues ya sabemos que en muchos parlamentos -y el español no es excepción- los sres diputados deben presentar una lista o declaración de actividades y bienes).
Si esta medida de publicar (o al menos presentar) una lista de bienes se nos vende como un gran progreso en la lucha contra la corrupción y como bálsamo contra las sospechas, no entiendo por qué no podría trasplantarse la medida al ámbito judicial. Al fin al cabo, los jueces son tan servidores públicos (más, diría yo) como los políticos, y las funciones de aquéllos se extienden más allá en el tiempo que las de los políticos (el político hace la ley puntualmente, mientras que el juez la aplicará -o no- durante toda su vigencia).
Ya sé que hecha la ley, hecha la trampa, y que lo que es de uno puede aparecer a nombe de otro, y que hay cuentas bancarias en paraísos fiscales que no siempre se conocen. Pero por algún sitio se debe empezar. ¿O no?
Muchas veces me lo he preguntado, pero respecto a mí mismo, no como una pregunta relativa a la profesión.
Me vienen a la cabeza razones como flashes: que si los tribunales van lentos, que si los jueces no saben, que si los clientes no entienden, que no cobramos lo que deberíamos...
Pero para quien quiera saber más al respecto, y de una manera sistematizada, aquí adjunto un link para leer y meditar:
http://saberderecho.blogspot.com/2007_08_01_archive.html
Se trata del blog de Gustavo Arballo. Un blog interesantísimo que, aunque trata temas argentinos, creo que sus comentarios trascienden y caen de lleno en los males endémicos de la justicia (o lo que sea o se le quiera llamar).
Del tema que nos ocupa, hace un resumen de un artículo publicado en la Cardozo Law Review.
Y para completar la lectura, recomiendo este otro:
http://www.degerencia.com/articulo/los_abogados_un_colectivo_especial
en el que se profundiza en la tendencia al pesimismo que invade a los abogados.
Pues eso. A leer y meditar.
Mal de muchos, consuelo de tontos (y señal de que algo va mal).
Ayer tenía que haber empezado a celebrarse un juicio por la intoxicación sufrida, en el año 2002, por unas 1.435 personas como consecuencia de una salmonelosis tras haber comido una tradicional coca de Sant Joan catalana que estaba en mal estado.
El juicio de ayer, al que estaban citados unos 40 testigos (además de algún perito) y asistieron las partes afectadas, se tuvo que suspender porque a alguien (fiscal, acusadores privados, juzgado) se le olvidó pedir que fuera citada la compañía aseguradora de la pastelería de la que salió la coca en mal estado, dado que la compañía aseguradora puede resultar ser la responsable civil y tener que hacer frente a las eventuales indemnizaciones.
¿Pero cómo no se les va a olvidar si el juicio tiene lugar al cabo de 5 años? ¿Quién se acuerda ya de los retortijones, de las náuseas, de las fiebres, del malestar o de cualquier otro síntoma que provocase la salmonelosis?
El Juez (por fin uno como Dios manda) pidió varias veces disculpas a los presentes y se encargó de informar que la culpa era un olvido defiscalía o acusadores privados. El Fiscal dijo que no era culpa suya (del Fiscal), argumentando que tienen pocos recursos y mucho trabajo. Supongo que luego se empezarán a tirar los trastos por la cabeza, para desconcierto de los que asistieron puntualmente a la cita.
Y, hala, todos a casita otra vez hasta que vuelvan a ser citados.
Ya lo dice un amigo mío: la culpa es de la gente que se empeña en acudir a la justicia. Total por una coca en mal estado... Al fin y al cabo, durante la guerra civil la gente tenía que comer las peladuras de patata que encontraba entre las basuras y nadie se quejaba...
Y digo yo: ¿no deberíamos plantearnos la privatización de la justicia?. No digo que se vuelva a la composición privada (pues eso sería tanto como permitir que los afectados le hagan tragar al pastelero -como a las ocas francesas- media docena de cocas cremosas en mal estado), sino a una administración privada de la justicia donde se premie la eficiencia y la eficacia, y se castigue al gandul o al que no se recicla.
Aunque, visto lo visto, tal vez me sea más productivo contactar con los testigos que acudieron al juicio y ofrecerles mis servicios para que reclamen a la administración de justicia por mal funcionamiento.
Para que la vida funcione medianamente bien, a veces basta con un poco de consideración y buena educación.
A finales del mes de julio pasado, se presentó un agente de la Guardia Urbana de Barcelona en mi despacho para entregarme una citación judicial: tengo que personarme mañana como testigo en un juicio de faltas que se celebra en Sant Feliu de Guíxols (Girona, a unos 100 km de Barcelona, para más señas).
La cosa tiene su gracia: en la cédula de citación, si bien aparece la dirección del juzgado, no aparece ningún número de teléfono (ya no digamos dirección de correo electrónico) al que poder llamar para saber algo, o interesarse por si se ha suspendido o no el juicio (algo bastante frecuente, por cierto) y evitarse uno el viajecito. Pero eso (la falta de un número de teléfono) creí que se solucionaba fácilmente. Abro el Google, me meto en la dirección del Ministerio de Justicia y busco el Juzgado y su teléfono. Ja, ja. Tras llamar al número que aparece en la web, aparece un mensaje de Telefónica diciendo que "ese número no corresponde a ninguna línea en servicio". Vaya por Dios. Busco el teléfono del Decanato, sigo el mismo proceso y, oh sorpresa, aparece el mismo mensaje telefónico. Nuevo intento, pero ahora a través de la página web del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya. Ahora sí que aparece un número al que llamo y me atienden (muy correctamente y sin tener que esperar, todo sea dicho).
Volvamos a la cédula de citación. Sólo se indica que debo asistir como testigo a un juicio de faltas por lesiones imprudentes (y voy a transcribir literalmente) "a denuncia de , contra, ", con los apercibimientos de que si no voy, multa que te crío. Total, que no sé (por la cédula) a qué voy, ni quién denuncia ni a quién.
Por la ubicación del juzgado, y haciendo memoria, supongo que debe ser por un accidente que presencié hace un año y en el que di mis datos personales voluntariamente a los perjudicados por si era necesario (pues hubo un lesionado, que era un niño de corta edad).
Me pregunto qué le costaría a la familia del lesionado (que tenía mis datos) hacerme una mísera llamada para advertirme o pedirme mi disponibilidad para asistir al juicio; me pregunto qué le costaría al abogado que les lleva el asunto haberme hecho una llamada en el mismo sentido (aunque sólo fuese por corrección profesional al saber que soy un compañero de profesión, y ya no digamos por una consideración de estrategia procesal, pues no sabe qué voy a decir ni si será a favor o en contra de sus intereses); me pregunto qué le costaría al juzgado ofrecer algún dato más sobre el asunto, o incluso informar acerca del derecho a ser compensado por el desplazamiento.
Pues nada. Esta noche me toca desplazarme a mis costas, pernoctar cerca del lugar a mis costas, ir a primera hora a un juicio de no sé qué, confiar en la memoria y esperar (de manera ingenua) que mañana, tras el juicio, a alguien se le ocurra agradecer las molestias. Cuestión de simple consideración y educación.